Diciembre 2023
Los molinos sostienen que sus reclamos de mejores opciones de transporte y logística, tipo de cambio, tarifas elevadas, entre otros, no son atendidos por parte del gobierno
La industria arrocera advierte que la pérdida de competitividad, por los altos costos, obliga a exportar más arroz cáscara y a parar plantas. El presidente de la Gremial de Molinos Arroceros (GMA) y gerente general de Casarone, Nicholas Lawlor, dijo a Agro de Búsqueda que la cadena arrocera “ha realizado pedidos que son razonables” para atender la competitividad del sector, y si bien “se viene trabajando en buena sintonía con el gobierno y entendemos las limitaciones que pueda tener”, los mismos “no han sido contemplados”.
Sobre las exportaciones en 2023, Lawlor dijo: “voy a hablar por el 80% del arroz uruguayo que está en el sistema de Precio Convenio” e informó que del saldo exportable, que eran unas 960.000 toneladas, “está todo vendido, en ejecución de entrega”.
Agregó que los precios “han sido muy buenos, sobre todo después de que India –que representa el 40% de la oferta mundial de arroz– se retiró de la exportación el 20 de julio, cuando el precio ya venía tonificado. Eso generó un alza y el arroz que estaba para venderse de julio para adelante tuvo un impulso interesante. Tanto el parboiled, blanco y cáscara se comercializaron muy bien este año”.
Comentó que desde el sistema Precio Convenio se decidió exportar arroz cáscara porque el valor, con un dólar atrasado, no daba para industrializar y pagar más a los productores. Informó que “el sistema Precio Convenio exportó 145.000 toneladas este año y va a repercutir en el nivel de actividad de los molinos”. Sostuvo que “ya hubo plantas paradas todo el año y menos empleos en algunos lugares, una consecuencia directa de exportar arroz cáscara”.
“Lo hablamos con el gobierno. Es preocupante que el sector arrocero tenga un costo de procesamiento tan elevado, en torno de US$ 140 o US$ 150 por tonelada, cuando el año pasado estuvimos en US$ 127 por tonelada”, planteó el industrial. Subrayó que “el sector necesita desesperadamente ganar competitividad, que no es solamente dólar atrasado”, sino también contar con un mejor transporte y logística. Recordó que el arroz “tenía tren hasta el 2019”, pero las obras del ferrocarril central “impidieron el acceso al puerto y el que perdió fue el sector arrocero, que no fue compensado”.
Dijo que “un sector de la sociedad se ve beneficiado por el ferrocarril (la cadena forestal) y otros se ven perjudicados”. Comentó que “contábamos con los vagones de AFE y entrabamos derecho al puerto de Montevideo, donde podíamos cargar hasta 4.000 toneladas de un barco de 30.000, y el resto lo entregábamos con camiones. En 2015 el 35% del arroz (base paddy) llegaba al puerto en tren”.
Lawlor señaló que el 30% del valor bruto de producción del arroz se va en logística. “Es el commodity que más kilómetros realiza para llegar al puerto de Montevideo, en promedio son 391 kilómetros”, por lo que consideró que “es muy importante contar con el tren desde Río Branco (Cerro Largo)” hasta Montevideo, porque allí está el “corazón arrocero” del este.
Remarcó que el arroz “es el que genera más trabajo por hectárea, el que consume más gasoil y más energía eléctrica, el que derrama más en la sociedad, y en ese sentido es doloroso estar relegado en pedidos que son razonables”.
Señaló que el arroz como producto terminado vale entre US$ 500 y US$ 600 por tonelada, “pero en base paddy se ubica en los US$ 400 FOB en el puerto de Montevideo y el flete cuesta US$ 40, y si viene de Artigas cuesta aún más”.
Reconoció que ahora el rubro arrocero “está mejor, pero tuvimos de siete años de pérdidas y nos estamos recomponiendo, no sobra”.
Sobre cómo ha evolucionado el consumo de energía eléctrica y cómo impacta en la competitividad del sector, Lawlor dijo que “hemos trabajado muy bien con UTE y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que tiene un plan de llevar el costo de la red a la potencia contratada y eso para el sector arrocero, que es muy zafral, no es lo más conveniente”.
Detalló que “tenemos en marzo, abril y mayo la superposición del enfriamiento del arroz que se cosechó, se secó, que está caliente y se guarda en los silos para airear con los ventiladores, y al mismo tiempo se prende el molino para empezar a elaborar a medida que se va recibiendo para que no se completen los silos y quede parte de la cosecha afuera”.
Agregó que “en ese momento hay una planta que puede tener 1.000 kilovatios (kw) de potencia contratada, que la necesita en ese pico de actividad que puede llegar a dos meses y medio, pero el resto del año opera con la mitad. Sin embargo, la política del MIEM ha llevado a que se pague la totalidad de la potencia contratada. Hasta 2019 se pagaba la mitad, entendiendo que teníamos esa zafralidad”. Planteó que, por lo tanto, en 2019 “había plantas que pagaban US$ 4.000 por mes de potencia contratada y ahora pasaron a pagar US$ 14.000”.
Dijo que están trabajando con UTE para tratar de acomodar la potencia contratada “al mínimo indispensable”. Aclaró que la potencia que se tiene “no es en vano”, porque se deben evitar cortes en el recibo del arroz para generar inconvenientes en ese momento.
Nota de Revista Verde N°111
